Concretamente me refiero a lo que está sucediendo como consecuencia de tener los dos puertos públicos del país “intervenidos”, es decir con las Juntas Directivas inhabilitadas; por lo tanto, manejados directamente por la institución de la Presidencia de la República.
Sin ninguna razón de ser, los puertos se han inventado dos servicios que no sirven para nada, no tienen propósito, no ayudan a nada, nadie los ha pedido, pero se puede cobrar bien por ellos y captar buen dinero que no es para el puerto, sino para alguien que preguntamos quién puede ser, porque los que tienen que sacarse el dinero de la bolsa para pagar esa factura están dispuestos a llegar a fondo y defenderse.
Para que usted —amigo lector— tenga claridad, le explico qué es lo que se quiere cobrar aprovechándose de la intervención:
Un contenedor de exportación tiene un marchamo (especie de llave de seguridad) que una vez que se pone, solo la autoridad respectiva lo puede abrir. Pues los 600 mil contenedores que se manejan en el país, desde hace mucho tiempo, la SAT les coloca un marchamo por el que se pagan Q90 por cada uno, precio que ya es alto, pues su costo es de Q10. El caso que quiero hacerle ver a la opinión pública es que ahora alguien está imponiendo “un segundo marchamo”, también cobrado, pero que no tiene ningún uso, no es útil para nada. Nadie lo está pidiendo.
No y No es correcto esto, por ética tienen que desautorizar esa cosa. Están encareciendo los productos a los consumidores nacionales y extranjeros, y lo que va a pasar es que lo que se produce en Guatemala ya no se va a poder vender y si eso ocurre, mucha gente se quedara sin su trabajo.
Pero lo anterior, no es todo. También están imponiendo “una segunda revisión de los contenedores”. Les explico para que esto quede claro: La SAT, desde hace varios años, ya tiene el servicio de revisión de los contenedores; cobra por cada inspección nada menos que Q684 y a veces Q950. La queja de hoy es la imposición de “una segunda revisión”, que con la falacia que Estados Unidos la está exigiendo y con ello cobrar buenos dólares: US$21.50 por cada uno. Eso no es cierto y ya se ha informado que no existe tal exigencia, por lo que se tiene que desautorizar ese negocio.
La Virgen no está para tafetanes; Guatemala ya es un país caro para producir, debido a altos gastos en seguridad, altos costos de transporte, de energía, procesos que cuestan tiempo y dinero. ¿Por qué exprimir más la producción del país y ponerla en riesgo, y por qué los consumidores tienen que pagar más?
Pero aún hay más. Entre las tarifas que subieron los puertos hay algunas razonables, pero hay una llamada “pre puerto” que Puerto Quetzal fijó en US$150 y Santo Tomás, en US$40. Si algún exportador de arvejas y ejotes está leyendo, sepa que lo mencionado aquí le va a incrementar US$300 por contenedor, lo cual sumado a los US$3 mil 700 que ya se paga por llevarlo a Miami, súbale US$300 adicionales, llegando a US$4 mil más el costo de producir, y el valor de la caja, la comisión al distribuidor. No habrá ama de casa del mundo que pague por una arveja producida en Guatemala… Presidente, desautorice eso.
