No cabe duda que la desconfianza es la ley que impera en Guatemala. Es un monstruo que nos destruye a todos. Nos ciega y nos vuelve personas con cabeza de piedra que obstruye la capacidad de abrir el entendimiento para comprender las cosas.
La desconfianza no permite entender y en la mayoría de los casos ni siquiera leer o documentarse sobre una situación que se discute y muchos terminan repitiendo como loros lo que otro afín a la desconfianza de cada uno, ha dicho. Ocurre en las mínimas cosas del diario vivir, pero lo grave es que ocurre en asuntos que son de interés nacional y donde las consecuencias de la desconfianza las sufren aquellos que no tienen interlocutor.
Esa es la triste situación de la Ley de Fomento a la inversión y el Empleo que ha sido arrastrada de unos a otros desde hace más de tres años y el oxígeno se termina para los que la necesitan urgentemente para sostener sus empresas y los empleos que dependen de ellas, tema que por ser tan real y crítico para muchas familias, se convierte ahora en el motivador para ganar adeptos en un año electoral.
Sea para ganar votos, o para mostrar resultados del ejecutivo y del legislativo, esa ley, con la versión que sea más conveniente para el país, no puede esperar más.
Con el deseo de aportar números, en el feriado tuve la oportunidad de leer al Dr. Otto Samayoa, economista de larga data en el país, quien escribió el documento “Impacto Económico de los instrumentos propuestos para atraer inversión y empleo”.
El Dr. Samayoa dice con criterio balanceado, que también deben verse los efectos del instrumento considerando el impacto económico de las nuevas actividades productivas que se van a generar y no solo el costo o inversión tributaria. Debe recordarse que si bien es cierto esta ley tiene como propósito retener el empleo actual, también es generar nuevas actividades económicas y con ello nuevos empleos.
Este economista utiliza dos métodos para la medición de impacto: el método ex ante o de ganancias de la recaudación y, el método económico de costo/beneficio.
Una de sus conclusiones es que con el incremento anual de la inversión productiva generada por nuevas empresas, la producción de bienes puede incrementarse gradualmente entre 4.2% y el 6.5%.
Automáticamente ello genera un incremento del valor agregado nacional, estimado en un 40% del valor de la producción adicional, lo que repercute en una recaudación adicional de IVA.
Por ejemplo, si se produce un bien por valor de Q100, entonces se genera un valor agregado de Q40 como resultado del pago a los factores de producción: mano de obra, maquinaria, etc.
Además indica que se debe medir el efecto a través del Multiplicador de Inversiones, un principio macroeconómico que explica y mide el crecimiento del ingreso generado en la economía por nuevas inversiones, y que repercute en el crecimiento en la recaudación del ISR.
Luego entra a proyectar los empleos que se pueden generar, concluyendo que puede esperarse un incremento entre 10 y 15% anual. Pasa después al Análisis de Costo / Beneficio para evaluar el impacto financiero de la Ley desde el punto de vista del gobierno y de la SAT, concluyendo que el coeficiente resultante es mayor que 1 y por lo tanto los incentivos de esta ley resultan Costo/Eficientes ya que los beneficios del ingreso adicional resultante de aplicar la misma, son mayores que el costo o Gasto Tributario.
Por lo tanto recomiendo a los que están el debate de la desconfianza, que hagan su análisis con visión integral considerando los dos lados de la moneda de tal forma que por un lado el Estado hace una inversión en estos instrumentos, pero por el otro aumenta la recaudación por el incremento de producción y el ingreso.
