El pasado 10 de mayo en Dubái, se reunían las Zonas Francas de todo el mundo para coordinar el lanzamiento del Programa Zona Franca del Futuro, una iniciativa internacional que gira en torno a pilares fundamentales que permitirán a las zonas francas de todo el mundo contribuir a un futuro seguro y sostenible llevándolas en sus países a la excelencia y mejores prácticas, innovación y espíritu empresarial, sostenibilidad, e impacto en su entorno.

Este congreso convocó a funcionarios de gobierno, legisladores, expertos en economía mundial académicos y empresarios de las 3 mil 600 zonas francas que existen en el mundo en 138 países para ponerse de acuerdo sobre las estrategias a seguir para que las zonas francas vayan más allá de crear empleos.

Ese mismo día recibí la visita de los directivos de la Asociación de Zonas Francas de Guatemala a quienes lo primero que les dije es que creía que estaban en Dubái planeando como crecer sus Zonas.

Su respuesta fue que tuvieron que cancelar la participación de la Asociación de Guatemala porque realizaban visitas al Congreso, a los ministerios y los medios de comunicación porque la disposición contenida en la Ley 19-2016 de la Ley de Inversión y Empleo incluyo artículos que les prohibía a 25 actividades económicas seguir trabajando dentro de las zonas francas.

Ante tal incertidumbre no podían moverse del país hasta saber si tenían que empezar a decirle a las 248 empresas que tenían en sus zonas, que tenían que salirse de donde han trabajado por largos años.

La incertidumbre es mayor porque el 70% de esas empresas son inversión extranjera y si tiene que levantar sus instalaciones, mejor se van a un país vecino donde las condiciones son mejores.

Para quienes han seguido este debate de la aprobación de esta ley, saben que lo que había que eliminar no era la actividad de las empresas y cerrarlas.

El propósito de la enmienda era que empezaran a pagar impuesto sobre la renta, lo cual así se hizo, dejando únicamente exentas a vestuario y contact centers.

Sin embargo los institutos que asesoraron al congreso, con su obsesión lo que hicieron fue este desastre. El peor error fue prohibir esas 25 actividades que ya no se pueden comercializar desde las zonas, entre ellas productos farmacéuticos, plásticos y sus manufacturas, cosméticos y todo lo que contenga alcohol, vehículos, maquinaria, juguetes, materiales de construcción, muebles, productos de cerámicas y otros.

El fisco captaba de estas actividades aproximadamente unos Q1 mil 158 millones y con esta disposición se perderán unos Q600 millones en impuestos pagados por esos productos.

La misma SAT tiene incertidumbre en cuanto a cómo proceder por ambigüedades que tienen los 3 artículos que deben de corregirse.

Lo más preocupante es lo que ha ocurrido del 30 de marzo que entro en vigencia la ley, para hoy. Una zona ya cerró y liquido su personal. Otras ya iniciaron su proceso de sacar sus inventarios a Panamá y Costa Rica y otras se preparan para una salida ordenada del país cumpliendo con liquidar a su personal.

Se ha mencionado que vía el reglamento a la ley se podrían subsanar algunos de los problemas, pero la conclusión es que tiene que ser el Congreso el que haga la modificación.

La Comisión de Economía ya ha recibido la argumentación que justifica la reparación de este error que ya empieza a tener un alto costo para los empleados, especialmente aquellos que por haber estado 25 años en esas empresas sus posibilidades de obtener otras oportunidades se vuelven más difíciles.

Las zonas francas mueven el 25% del comercio mundial y generan 70 millones de empleos, solo en Estados Unidos hay más de 300 zonas, en América Latina hay 400 y en Guatemala 17 muy antiguas y 7 más que aún no entraban en operación.

Mientras Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras hacen más alianzas estratégicas de coinversión con el mundo de las zonas francas en Dubái, en Guatemala pasa lo contrario, por lo que colocar este tema en la agenda del Congreso es más que urgente.