El Congreso está llegando esta semana al final de su periodo, teniendo en sus manos la decisión de evitar que se pierdan muchos empleos formales que son ocupados por personas para quienes sus ingresos dependen de la industria de vestuario y textiles. El vestuario es el producto de exportación número uno de Guatemala, representa el 2.1% del PIB y 19% del PIB industrial. Este año serán unos 1,600 millones de dólares exportados.
A pesar de que algunas empresas se han ido del país, aún están en Guatemala 151 compañías que confeccionan. Alrededor de ellas 43 empresas hacen hilos, telas, serigrafía, bordados y lavados para las primeras, 200 más que dependen de todas las anteriores porque les fabrican bolsas, cajas, cerchas, etiquetas y 55 más que les proveen de alimentos, transporte, mensajería, agentes de seguridad y mantenimiento y reparaciones… imagínense la cantidad de empleados que se necesita para mantener ese clúster funcionando todos los días.
Son 8 mil guatemaltecos. Un 80% son operarios pero hay un 20% de técnicos, ingenieros industriales, especialistas en recursos humanos, médicos, psicólogos, agentes de aduanas administradores, diseñadores etc. que prestan sus servicios profesionales a esta industria.
¿Por que es tan vulnerable el sector a la Ley que tiene que modificar el Congreso? Porque las 151 fábricas de las cuales dependen todos los demás, son en un 90% inversión extranjera. Muchos de sus gerentes tienen muchos años de estar en el país y lo que menos quieren es irse, pero quien toma las decisiones sobre en qué país el negocio puede continuar, son las casas matrices que tienen muchas opciones y que dado el margen de utilidad tan bajo de esta actividad a nivel mundial, buscan donde sus inversiones les generen un retorno que si bien no es alto, al menos sea un retorno.
La competitividad en Guatemala está menoscabada por gastos de seguridad que van más allá que en otros países, por salarios que son 3 veces más altos que algunos vecinos y no digamos que los países asiáticos.
El engorro en procesos aduaneros para internar mercancías también es muy costoso (al momento de escribir este artículo tengo en mis manos la factura de una empresa cuyo contenedor se ha revisado 3 veces.
Entes distintos cobrando cada uno Q. 1300 cuando lo lógico es que sea una sola revisión en el puerto. Por las razones que sean, nuestro quetzal tiene un valor más allá del que debería tener, está sobrevaluado y eso le pega aún más a los costos de producir en el país.
La educación de los operarios, la atención médica primaria lo pagan las propias plantas y pagan buses particulares para los empleados.
En fin, todo suma y suma y el margen se reduce y reduce. Por ello es que este sector pide que el incentivo compensador de obviar el pago del Impuesto sobre la renta, continúe como hasta ahora para que la actividad se quede en el país y no perder tantos empleos que no tendrían opciones.
Por el contrario, con un poco más de esfuerzo de mejora de la eficiencia en la logística, en las aduanas, certeza jurídica, no solo se pueden recuperar los empleos perdidos, sino atraer más inversión al país.
Curiosamente el número que tiene la iniciativa de ley que retendrá estos empleos, tiene el número de James Bond, 5 007 como si fuera un mensaje de que requiere ser salvada urgentemente.
Ojalá que el día de mañana el Congreso entregue esta ley a esos 8 mil guatemaltecos, cuyo sostén familiar depende de ella.
