COLUMNA DE OPINIÓN – JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ

Director Ejecutivo, Invest Guatemala

En un entorno global que avanza hacia la desglobalización y la reconfiguración de las cadenas de suministro, la seguridad energética se ha convertido en uno de los pilares más importantes para la atracción de inversión extranjera directa. Las empresas ya no deciden únicamente en función de costos laborales o incentivos fiscales; hoy evalúan la estabilidad, la sostenibilidad y la previsibilidad del suministro eléctrico como condiciones básicas para invertir. En este contexto, Guatemala tiene una oportunidad real de fortalecer su competitividad si convierte la diversificación de su matriz energética en una herramienta estratégica de política económica.

De acuerdo con el Investment Climate Statement 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Guatemala mantiene la economía más grande de Centroamérica, con un PIB de 113 mil millones de dólares y un crecimiento de 3.7% en 2024. El informe resalta que los flujos de inversión extranjera aumentaron 5.2% el año pasado, impulsados por sectores como manufactura, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio y energía. Sin embargo, también advierte que persisten desafíos estructurales vinculados a la burocracia, la falta de consistencia regulatoria y la corrupción en niveles locales. En un entorno de competencia intensa por los flujos de inversión, estos factores pueden limitar la capacidad del país para escalar en proyectos de mayor sofisticación. Es aquí donde el componente energético cobra especial relevancia.

La energía eléctrica es un factor decisivo en la viabilidad de cualquier proyecto productivo. Guatemala posee una de las matrices más limpias de América Latina, con más del 60% de su generación proveniente de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, solares y biomasa. Este es un activo fundamental que el país integrar a su narrativa de inversión, especialmente cuando los inversionistas institucionales y corporativos priorizan operaciones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). No obstante, mantener esa ventaja exige avanzar hacia una matriz más diversificada, menos dependiente de la estacionalidad hídrica y más estable en precios.

La reciente convocatoria del Plan de Expansión de Generación (PEG-5), para contratar 1,400 megavatios de nueva capacidad, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la seguridad energética nacional. Más allá del número de megavatios, el verdadero valor de esta iniciativa radica en su capacidad de generar confianza en los inversionistas, demostrar planificación a largo plazo y reducir los riesgos asociados a la volatilidad de precios. Una empresa manufacturera, un parque industrial o un centro de servicios globales evalúan con el mismo rigor la estabilidad energética que la seguridad jurídica o la calidad de la infraestructura logística. Sin energía confiable y diversificada, la capacidad de Guatemala para atraer operaciones de alto valor agregado se reduce significativamente.

La tendencia internacional hacia la regionalización productiva impulsa a las empresas a buscar localizaciones más cercanas a sus mercados principales. Este fenómeno, conocido como nearshoring, está redefiniendo la geografía económica del continente. América Latina puede beneficiarse si logra ofrecer condiciones que combinen eficiencia operativa, estabilidad política y disponibilidad energética. En ese sentido, Guatemala posee ventajas naturales por su proximidad a Norteamérica, su red de tratados comerciales y su estabilidad macroeconómica. Sin embargo, para competir efectivamente con países como México, El Salvador o República Dominicana, necesita garantizar precios eléctricos estables, expansión de la red de transmisión y marcos regulatorios que incentiven la inversión en generación renovable y almacenamiento.

Diversificar la matriz energética no se trata únicamente de aumentar la capacidad instalada. Implica promover una estructura de mercado competitiva, con reglas claras para la generación, distribución y transmisión. Supone integrar tecnologías de almacenamiento que aseguren continuidad de suministro y desarrollar proyectos de gas natural o híbridos que complementen las fuentes renovables. También exige agilizar los procesos de licenciamiento y fortalecer la coordinación institucional para evitar cuellos de botella que encarecen la energía o retrasan inversiones. En este sentido, la digitalización de los procesos administrativos —iniciativa ya impulsada por el gobierno actual en otros ámbitos— debe extenderse al sector energético, como mecanismo para reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia.

El costo de la electricidad para el sector industrial en Guatemala es relativamente competitivo frente a la región, pero la volatilidad de precios en épocas secas sigue siendo un riesgo. Incorporar fuentes alternativas y contratos de largo plazo puede estabilizar las tarifas y ofrecer previsibilidad, un elemento cada vez más valorado por los inversionistas extranjeros. Asimismo, la adopción de mecanismos de trazabilidad energética —como los certificados de energía renovable— permitiría a las empresas instaladas en Guatemala acreditar el uso de electricidad limpia ante sus matrices o inversionistas, fortaleciendo su posicionamiento internacional. Este tipo de herramientas, comunes en países que lideran la transición energética, se convierte en un diferenciador en la atracción de capital verde.

El Investment Climate Statement 2025 destaca también los esfuerzos del gobierno actual en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, como la creación de unidades de probidad en ministerios y la promulgación de códigos de ética para funcionarios públicos. No obstante, el informe advierte que las reformas deben profundizarse a nivel local, donde los procesos de aprobación y supervisión de proyectos siguen siendo lentos. La atracción de inversión extranjera requiere certidumbre institucional y procesos administrativos coherentes, y el sector energético no es la excepción. Un marco de gobernanza sólido, acompañado de mecanismos de supervisión técnica y transparencia contractual, es esencial para consolidar un mercado eléctrico creíble y competitivo.

La diversificación energética también debe verse como un motor de desarrollo territorial. Los nuevos polos industriales, los parques logísticos y las zonas económicas requieren infraestructura eléctrica confiable y accesible. Una política pública que combine expansión de generación con inversión en transmisión puede reducir las brechas regionales, atraer proyectos fuera del área metropolitana y fomentar la creación de empleo formal en regiones con potencial productivo. La energía, cuando se planifica como parte de la estrategia industrial, se convierte en una herramienta de inclusión y desarrollo económico sostenible.

Guatemala tiene hoy una oportunidad única de integrar su política energética con su estrategia de promoción de inversiones. En los diálogos con inversionistas internacionales, la disponibilidad, el costo y la sostenibilidad de la energía son temas recurrentes. Por ello, cada nuevo proyecto de generación o transmisión debe presentarse no solo como infraestructura técnica, sino como parte del posicionamiento competitivo del país. La coordinación entre instituciones públicas, agencias de promoción, sector privado y organismos multilaterales es clave para convertir esta narrativa en resultados medibles.

La energía diversificada y sostenible es una ventaja estructural en un mundo que se reorganiza. La reconfiguración global no se define únicamente por fronteras comerciales, sino por la capacidad de cada país de ofrecer entornos operativos confiables, sostenibles y eficientes. Guatemala cuenta con los recursos naturales, la experiencia técnica y la estabilidad macroeconómica para convertirse en un hub energético competitivo en Centroamérica. El reto es avanzar con coherencia, transparencia y visión de largo plazo, asegurando que cada decisión en materia de energía contribuya directamente a mejorar el clima de inversión y a fortalecer la confianza internacional.