El Director de la Comisión de Servicios Integrados a la Exportación (SIEX), Colin Kent Banning, presenta su columna de opinión publicada en el medio de comunicación Diario de Centro América.

Lo vital será crear un ambiente saludable para todos, no con la intención de cumplir con la ley, lo cual es complementario, sino para proteger el bienestar de nuestros colaboradores y de nuestras empresas para garantizar esa adaptación al cambio y su supervivencia a largo plazo.

El COVID-19 llegó a Guatemala hace poco más de cien días. Recuerdo que mientras empresas en Italia y España cerraban, algunos de nuestros clientes nos llamaban preocupados, nosotros intentábamos calmarnos sobre el potencial impacto que podría tener en nuestro país y coordinarnos como socios sobre cuál sería la respuesta en preparación para la crisis e inmediatamente al entrar en lo que muchos llaman “el nuevo normal”.

El impacto, no cabe duda, ha sido inmenso, eso, ahora, queda claro y es cuando reflexionamos sobre como regresar a la cotidianidad de nuestras rutinas y operativizar las nuevas medidas y disposiciones en el día a día de nuestras empresas, con nuestros clientes y colaboradores.

Afortunadamente, y a diferencia de muchos países, las empresas guatemaltecas han podido mantener operaciones, con restricciones a sectores específicos, pero se estima que más de cuatro mil empresas habían pedido autorizaciones para transportar a sus colaboradores ante el Ministerio de Economía. Las empresas que siguen operando, desde el primer día, tomaron diversas medidas de bioseguridad sobre lo que se leía o conocía en países que enfrentaban la situación: mascarillas, alcohol en gel, distancia social, entre otras.

En Guatemala, desde el 2014, el Acuerdo Gubernativo número 229-2014, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, regula, en sus 569 artículos, aspectos tan específicos que van desde el color de los teclados de computadora que se pueden usar, hasta elementos más importantes, quizá, como la obligación de contar con Plan de Prevención o un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, dependiendo de la cantidad de empleados.

Establece, también, la obligación de contar con “Monitores” de Salud, que puede ser desde uno de nuestros mismos colaboradores, debidamente capacitado, pasando por técnicos enfermeros, o enfermeros profesionales, hasta llegar a un médico colegiado, dependiendo de la cantidad de colaboradores.

Este Acuerdo, que está en vigencia hace más de 5 años, toma mucha relevancia en la actualidad, puesto que el Acuerdo Gubernativo 79-2020 viene a complementarlo, obligando a toda empresa guatemalteca a incluir en sus planes de prevención o de salud y seguridad ocupacional, según sea el caso, un “apartado” dedicado a establecer la estrategia de prevención y control del COVID-19.

El Acuerdo nos obliga como empresarios a brindar equipo de protección adecuado a nuestros colaboradores, llevar varios registros, llevar a cabo capacitaciones, brindar transporte seguro y gratuito, entre varias otras. También obliga a los colaboradores a acatar las normas, estableciendo multas a ambas partes en caso de incumplimiento.

Estamos en un momento donde debemos prepararnos para regresar a operar con estas medidas de prevención, en donde se hace necesario adaptarnos ágilmente al nuevo contexto del comercio en el mundo; pensar en el futuro de las cadenas de suministro y anticiparnos para aprovechar las oportunidades que trae la reactivación económica dentro y fuera del país.

Algunos expertos predicen cambios en operaciones logísticas y una tendencia de inventarios de seguridad más altos para evitar el desabastecimiento y cubrir contingencias en cadenas con dificultades en el transporte sobre todo para atender la creciente demanda en comercio electrónico. Por otro lado, mucho se habla de alianzas multisectoriales alrededor de pensar y prever cambios importantes en infraestructura y condiciones de teletrabajo como medida de prevención o distanciamiento social.