Maria Renée Estrada, de la División de Relaciones Institucionales de AGEXPORT, presenta su columna de opinión publicada en el medio digital Perspectiva.

Desde hace unas semanas los diputados tienen en agenda la iniciativa 5477, Ley Reguladora del Convenio Internacional 175 de la OIT sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, un proyecto que obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Trabajo del Congreso el pasado noviembre.

En paralelo, grupos sindicales y bancadas de oposición, se han dedicado a esparcir mensajes que fomentan la desinformación y miedo alrededor de esta temática, entre los legisladores y los ciudadanos guatemaltecos. Estas viejas prácticas, que lejos de construir únicamente confunden, deben ser señaladas y juzgadas por lo que son, además de ignoradas por lo que no son.

La narrativa de los opositores radica en un discurso político viejo y obsoleto. Sin embargo, tal y como lo explican los abogados de EY en una publicación de Prensa Libre de agosto 2019, existen mitos y realidades alrededor de la regulación del trabajo a tiempo parcial (haciendo referencia específicamente al Acuerdo 89-2019, del Ministerio de Trabajo) y es importante no solo que entendamos de qué va esta normativa, sino también que seamos capaces de transmitir y compartir esta información con todo aquel a quien le pueda ser útil.

La regulación del trabajo a tiempo parcial tiene la capacidad de formalizar a muchos trabajadores en el país, brindándoles certeza jurídica, así como prestaciones laborales (aguinaldo, bono 14, vacaciones, IGSS, indemnización en caso de despido injustificado, etc.). Brinda la oportunidad de horarios más flexibles para grupos vulnerables que actualmente, por una u otra razón, tienen dificultad con cumplir horarios de tiempo completo.

Claramente también beneficia a los empleadores, según los especialistas de EY, ya que toda norma que permita que el trabajador y el patrono puedan pactar horas que le permitan al trabajador gozar de una mayor flexibilidad de horarios es de beneficio para el clima de negocios en Guatemala. Además, le permite a las empresas abrir plazas formales a tiempo parcial y/o formalizar contrataciones actuales por servicios profesionales. Si lo vemos en términos prácticos, es un gana-gana.

Entonces ¿Por qué es falaz el argumento de los sindicalistas y bancadas de oposición respecto a que esta reglamentación servirá para que se pague menos del salario mínimo? Para empezar, es importante resaltar que en Guatemala se tiene la mala práctica de decir que el salario mínimo se computa por mes, cuando -en la mayoría de los países a nivel mundial- este se establece por hora.

También es importante destacar que, más que un argumento técnico, estas ideas parten, de nuevo, de un discurso político, viejo y obsoleto, que tiene como base una suposición. Ese discurso político de lucha de clases, de opresión y de antagonismos que tanto daño le ha hecho -y sigue haciendo- al país, asume que el empresariado está buscando reducir las horas de trabajo para reducir el salario del trabajador. Cualquier persona con dos dedos de frente comprende lo ilógico de esta suposición. Aquí y en cualquier parte del mundo, uno tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo y esto también debe responder a la garantía de ciertos mínimos. Ese mínimo, en este caso, y como mencioné anteriormente, debe tener como base el salario mínimo por hora establecido por el Ministerio de Trabajo.

Que no le digan, que no le cuenten: Regular el trabajo parcial es un beneficio para todos.