Ana Paola García ,Jefe de incidencia de la División de Relaciones Institucionales AGEXPORT, presenta su columna de opinión publicada en el medio digital Perspectiva.
La teoría de sistema político de David Easton llamado “caja negra” es una de las maneras más simples de comprender como el Estado interactúa con su sociedad. Este establece que el Estado y sus habitantes conviven a través de un mecanismo de input- output. Donde la sociedad, representada en grupos económicos, sociedad civil organizada o particulares presenta una necesidad al Estado (input) y este responde (output). Ante cada input el aparato estatal hecha a andar la maquinaria burocrática a través de una serie de procesos internos para emitir un output, a estos procesos le podemos llamar también eficiencia regulatoria.
Según el Índice de Libertad Económica 2021 del Heritage Foundation, en cuanto a eficiencia regulatoria, Guatemala es sumamente confusa, llena de obstáculos y en ocasiones un freno para la empresa privada. En Guatemala existen muchas demandas sociales y económicas (inputs) que dependen al cien por ciento de la administración pública como lo es la obtención de un registro sanitario para una empresa que manufactura alimentos, un registro de un producto nuevo, una garantía de inocuidad para productos agrícolas de exportación. Las artesanías no necesitan permiso a menos que sean una copia arqueológica.
La eficiencia regulatoria no solo depende de la capacidad técnica de la burocracia sino también del tiempo que toma emitir respuestas ante los trámites gestionados. Muchas veces el tiempo o demora es reflejo de procedimientos internos que se dan dentro de la “caja negra”. En Guatemala estos procesos casi siempre ameritan papeles que deben ser presentados físicamente en las ventanillas. Por ejemplo, obtener un registro sanitario para comercializar un producto alimenticio requiere de ocho pasos (imprimir la solicitud desde la página del ministerio, imprimir la boleta de pago, imprimir la boleta de pago de análisis para el producto a evaluar, pagar el registro, obtener comprobante en el ministerio, solicitar registro ante el ministerio, entregar producto para análisis y obtener certificado de registro) en un tiempo aproximado 150 días hábiles, sin retraso. En la lógica de Easton, si una empresa desea comercializar 5 productos alimenticios y demanda al Estado 5 registros sanitarios (inputs) este emitiría su respuesta (output) en 750 días.
El problema del retraso no es la capacidad de la burocracia para evaluar los expedientes y determinar si cumple o no con los requerimientos sino el tardado procedimiento de la revisión física de papeles. Esto puede corregirse dotando a la burocracia con mecanismos tecnológicos y herramientas que le faciliten simplificar los procesos administrativos. ¡Es necesario eliminar los papeles, adoptar los sistemas automatizados y saltar al Gobierno electrónico! La administración pública en Guatemala debe adoptar mecanismos como el pago en línea, la firma y la factura electrónica que, sumados a sistemas informáticos descongestionarían las instituciones permitiendo emitirrespuestas en un menor tiempo. Adicionalmente, facilitaría la recopilación de información para llevar mejores controles, no se diga el atractivo que sería para capitales nacionales e internacionales invertir en el país.
Las instituciones públicas deben avanzar hacia la modernidad, por lo que iniciativas como la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos que se encuentra en el Congreso de la República se convierte en una herramienta crucial para el desarrollo económico. Esta iniciativa permitirá a las entidades públicas el uso de medios electrónicos para un ágil intercambio de información, regulación de bases de datos y servidores que puedan utilizarse de manera general para los procedimientos administrativos. Promoverá a la digitalización permitiendo a los guatemaltecos hacer uso de la tecnología para realizar los trámites e interactuar con el Estado de una manera simplificada permitiendo comprender lo que sucede dentro de la “caja negra”. Simplificar los trámites administrativos permitirá regular de manera más eficiente a un menor costo y con mayor confiabilidad para los usuarios.
