El Director de la Comisión de Turismo Sostenible  de AGEXPORT, Alfonso Muralles, presenta su columna de opinión publicada en el medio digital República.GT

Hace algunos años, viajando por carretera en Chiapas en época de campaña electoral para elegir autoridades estatales, leí en una valla la frase “Sus derechos serán mis obligaciones”.  Me gustó y me sonreí por venir de un político en campaña, pero no dejé de pensar en la validez del enunciado.

En la discusión sobre la carga impositiva, su relación con el PIB, quien la paga y quien no, su necesidad para atender las necesidades de la población y qué hacer para poder incrementarla, la obligación del estado es administrar los recursos que la actividad económica del país le provee por la vía de los impuestos, de tal forma que atienda los derechos de la población.

Teniendo todo el derecho a que el estado me provea de educación, por mis hijos pagué educación privada y antes, mis padres hicieron lo mismo por la mía.  Teniendo todo el derecho a que el estado me provea de salud, directamente o por medio del para-estatal seguro social, pago IGSS y de todos modos voy con médico y pago seguro privado.  Cuántos negocios, transportes, condominios, colonias que no fueron diseñadas para tener garitas se ven en la necesidad de pagar por seguridad privada, teniendo todo el derecho a que el estado la provea.

Cuántas fundaciones salen a la venta de rifas o hacen eventos de recaudación de fondos para sostener servicios hospitalarios para personas de escasos recursos.  Cuántas ONG´s salen a la búsqueda de fondos de la solidaridad internacional para pelear, muchas veces aún contra el estado mismo, por mis derechos humanos, sociales y ambientales.

Más allá de los ingresos fiscales, magros por evadidos y siempre insuficientes por mal administrados, un importante segmento de la población guatemalteca subsidia al estado para el cumplimiento de sus obligaciones cuando paga la colegiatura mensual del establecimiento educativo privado de sus hijos, independiente de que éste sea de los caros o de los baratos de barrio o provincia.  Lo mismo hace cuando va con su dolencia a la clínica privada, paga por un seguro de gastos médicos para cubrir una eventualidad o va a la farmacia de la esquina y armado de fe le pregunta al dependiente que le parece más serio, disculpe, qué será bueno para este dolor que tengo en la nuca que me baja por el brazo y no me deja dormir?.

Ese pago que hacemos por educación, salud y seguridad constituye un subsidio que inadvertidamente le damos al estado.   Tácitamente le eximimos de su responsabilidad y al hacerlo le facilitamos el cumplimiento de sus obligaciones para con aquellos que no pueden pagar por ellas.  Y aun así, no lo logra.  Los hospitales desabastecidos, mal equipados, con una demanda que no se dan abasto para atender.   Las escuelas públicas desabastecidas, mal equipadas y con una demanda que no se dan abasto para atender.

Si el estado invierte en educación el 2.5% del PIB, la inversión que hacen en educación privada los que pagan por ella debe ser de alrededor del 2% del PIB.  Y podríamos hacer estimaciones similares en materia de salud.

El reclamo permanente hacia su estado, por parte de una ciudadanía que está tomando conciencia de sus derechos, debe comenzar por un análisis de todo aquello que diariamente se ve obligada a pagar cuando no debiera de hacerlo.  Con esto claro, habremos dado un gran paso.