Guatemala enfrenta un momento decisivo para transformar su sistema portuario en una plataforma que acompañe el crecimiento económico y fortalezca su competitividad. En ese contexto, distintos actores del sector productivo coinciden en que avanzar hacia una Ley General del Sistema Portuario Nacional es una decisión estratégica para cerrar décadas de rezago y responder a los desafíos logísticos del comercio internacional.
Más allá de atender las presiones actuales en los puertos, la discusión apunta a construir una visión de largo plazo. Hoy, el país opera con puertos aislados, sin una estrategia nacional integrada que responda a las necesidades del desarrollo económico, pese a que el 50% de los contenedores movilizados corresponden a exportaciones, lo que convierte al sector exportador en uno de los principales usuarios del sistema.
Desde esta perspectiva, impulsar una legislación moderna permitiría flexibilizar un modelo basado en puertos públicos que han alcanzado sus límites operativos, además de abrir espacio para nuevas inversiones, mayor competencia y soluciones de infraestructura acordes con estándares internacionales.
“El país no solo necesita resolver una coyuntura; necesita construir los puertos que Guatemala requiere para competir y crecer. Si no se empieza ahora, el crecimiento económico podría verse estructuralmente frenado en los próximos años”, señaló Claudia de Del Aguila, Directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport.
Uno de los puntos centrales es que una ley portuaria moderna debe sustentarse en principios técnicos e institucionales sólidos. Entre ellos, contar con una rectoría para planificar y coordinar el sistema portuario; una autoridad portuaria autónoma y técnica con capacidad de ejecución; un marco legal que incentive inversión privada, innovación y competitividad; y una modernización basada en infraestructura eficiente, seguridad jurídica y reglas claras.
Bajo este enfoque, se considera indispensable habilitar mecanismos como alianzas público-privadas, participación de puertos privados y mayor competencia, elementos que podrían traducirse en más capacidad logística, más carga movilizada, generación de empleo y crecimiento económico.
Además del componente económico, el planteamiento incorpora una visión institucional y de seguridad nacional. Fortalecer la gobernanza portuaria, mejorar la fiscalización y reducir riesgos asociados a la falta de institucionalidad es visto como una condición clave para proteger la competitividad del país y fortalecer la seguridad en las terminales.
En ese marco, las iniciativas unificadas 6527 y 6541, que promueven la Ley General del Sistema Portuario Nacional, buscan sentar las bases para puertos más seguros, eficientes y competitivos.
Principios para una ley portuaria moderna y sólida
Desde la perspectiva del sector privado, como usuario del sistema portuario, una ley portuaria moderna debe sustentarse en cuatro principios clave:
* Rectoría clara y técnica: establecer una autoridad que planifique, coordine y supervise integralmente el sistema portuario nacional.
* Autonomía y capacidad de ejecución: contar con una autoridad portuaria técnica, autónoma, con capacidad operativa, rendición de cuentas y participación público-privada.
* Impulso a la inversión y competitividad: un marco legal que genere certeza jurídica, promueva alianzas público-privadas, habilite puertos privados e incentive la innovación, infraestructura moderna y mayor competencia. Más competencia significa mayor capacidad, más comercio, empleo y crecimiento económico.
* Modernización con visión de largo plazo: infraestructura eficiente, respeto a contratos, transparencia institucional y adopción de mejores prácticas internacionales. La modernización portuaria también es un tema de seguridad nacional, que exige institucionalidad sólida y coordinación interinstitucional para reducir riesgos en la seguridad y protección portuaria.
Guatemala tiene la capacidad de duplicar sus exportaciones, pero para lograrlo necesita una Ley General de Modernización del Sistema Portuario Nacional.
