La cartera de 13 proyectos de infraestructura y movilidad presentada por el Gobierno de Guatemala representa una oportunidad para reducir uno de los principales obstáculos que enfrenta la productividad del país: la congestión vehicular en el departamento de Guatemala. Sin embargo, su ejecución dependerá de contar con mecanismos institucionales que garanticen la continuidad de las obras más allá de los cambios de gobierno.
De acuerdo con un análisis de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, los habitantes de la capital pierden en promedio cerca de 54 días al año en el tráfico, una situación que se ha agravado en los últimos años y que impacta tanto la calidad de vida como la competitividad del país.
Entre los proyectos priorizados figuran obras de corto plazo, como pasos a desnivel en distintos puntos de la CA-9 Sur, la calzada Roosevelt y la CA-1 Oriente, que podrían concluir durante la actual administración. No obstante, las iniciativas de mayor impacto para la movilidad —como el Puente Belice 2, el corredor C-50, el Arco Noroccidente, el MetroRiel, su estación central y el Teleférico entre La Aurora y Antigua Guatemala— requerirán continuidad durante los próximos gobiernos.
Según el análisis, uno de los principales retos consiste en evitar que estas inversiones se detengan por cambios administrativos o decisiones políticas. Para ello, se plantea la importancia de implementar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y trasladar los proyectos estratégicos a la DIPP, con el fin de permitir contratos multianuales y una planificación de largo plazo.
En el caso del MetroRiel, además, el proyecto contempla un esquema de cooperación entre gobiernos con el Reino Unido, lo que requerirá respaldo legal para que las contrataciones puedan realizarse bajo estándares internacionales que faciliten su ejecución.
Más allá de mejorar los tiempos de desplazamiento, el análisis sostiene que la infraestructura de movilidad se ha convertido en un factor determinante para elevar la productividad nacional, fortalecer la logística y aumentar la capacidad del país para atraer inversión.
En ese contexto, la continuidad de estos proyectos será clave para responder al crecimiento urbano y reducir uno de los principales costos que enfrentan las personas y las empresas. La infraestructura vial y el transporte masivo dejan de ser únicamente obras públicas para convertirse en habilitadores de la competitividad y del desarrollo económico de Guatemala.
“Guatemala todavía tiene una ventana de oportunidad para dar un salto en infraestructura. Si en los próximos meses se implementa plenamente la Dirección de Infraestructura Prioritaria y se activa el Fondo de Infraestructura Vial, el país podrá acelerar proyectos estratégicos que fortalezcan la competitividad, impulsen las exportaciones, atraigan inversión y generen más empleo”, comentó Claudia de Del Águila, Directora de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT.
