A pesar de grandes tormentas políticas que han existido en el país desde la época de los gobiernos de facto, el golpe de Estado de 1993, la guerra en Centroamérica, la crisis por la muerte del abogado Rosenberg, la salida del presidente Pérez, todas ellas complejas, pero ninguna golpeó la economía nacional como está ocurriendo hoy. Esta siguió con dinámica propia.
La confianza de los inversionistas nacionales se mantuvo y las tasas de crecimiento, si bien nunca han llegado a los niveles que el país necesita para eliminar la pobreza, el crecimiento continuó. Siguen abriendo empresas y creándose empleos.
Vimos crecimientos en el 2007 de 6.3% del PIB; una caída al 0.5% en 2009 causada por una crisis mundial; un 4.2% en 2011 y 4.1% en el 2015 a pesar de la crisis del presidente Pérez.
Las exportaciones por décadas han mantenido un crecimiento dinámico. Se incorporaron miles de productos a los mercados mundiales y aunque no hemos sido el país con buenas herramientas para atraer inversión extranjera, la misma se intensificó en industrias de exportación.
Se innovó con productos hechos a mano con el involucramiento activo de artesanos; surgieron vegetales, frutas y flores de alto valor agregado y nació una moderna exportación de servicios. También hay que señalar el surgimiento de miles de pequeñas empresas, desafortunadamente en el marco de la informalidad, por lo engorroso que es volverse formal cuando apenas se empieza un negocio.
En el 2018, parece que se desató la tormenta perfecta. Los índices económicos realmente asustan. Los niveles de incertidumbre a la inversión no pueden ser peores, pero lo más preocupante es que no solo ha caído la inversión extranjera, sino que la inversión nacional está migrando a otros países por graves problemas de competitividad. La pérdida de empleos formales que reporta el IGSS es evidente.
Los ingredientes de la tormenta van desde un contrabando desbocado, sobreevaluación de la moneda, paralización de funcionarios públicos que no toman decisiones y por lo tanto se invierte menos.
Resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que toman meses y hasta años; una labor del Ministerio Público que lucha contra la corrupción, pero la justicia no se aplica en forma pronta, cometiendo errores graves como la no terminación de los procesos; la situación de inestabilidad en el Congreso no puede ser mayor, y un proceso electoral que se avecina en una incertidumbre total.
Las leyes asignan responsabilidades específicas al organismo ejecutivo, al legislativo y al judicial para resolver los problemas y no para causarlos. Si bien estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción, la forma descoordinada en la que se está haciendo, está matando la economía, la confianza y a las instituciones.
Señores, el país requiere de urgentes acuerdos para revertir la tormenta económica cuyas primeras víctimas son las familias que no tienen empleo, y que en su desesperación están buscando migrar para, según ellas, para salvarse.
