Primera: el estado tiene dos obligaciones por mandato constitucional, una es hacer crecer la economía, generar desarrollo industrial y por otro lado también tiene la necesidad de recaudar impuestos. Una función es complementaria a la otra. Si la actividad productiva crece, la recaudación crece. Por lo tanto, se debe legislar para promover crecimiento económico y también, leyes fiscales para recaudar. Lo que es un error es mezclar la una con la otra. La forma  en que se está discutiendo la Ley de Promoción de inversiones, más pareciera que es la ley de fiscalización y recaudación. Eso es un error que va a resultar en una ley tanrígida, que será  inoperante y nadie la va a poder utilizar.

Tercera: los cambios que le han introducido a la ley dejan las empresas tan atadas, que casi hasta respirar se va a convertir en un delito. Esperemos que no se convierta en la Ley asusta inversionistas de la región centroamericana.

Cuarta: quienes no han leído la ley, encima de lo dicho anteriormente la han rodeado de una serie de mentiras que por haber sido repetidas tantas veces, muchos otros que tampoco la han leído, se han convertido en repetidoras, lo cual es inaceptable cuando viene de profesionales o instituciones que se supone son conocedoras de los temas.

Quinta: Han circulado muchas falsedades como por ejemplo que es una Ley para privilegiar a las empresas grandes que hoy pagan impuesto sobre la renta y que ya no lo van a pagar. La verdad es quehay prohibición expresa para ello (.art. 6) También es causa de delito información que pretenda engañar a la SAT sustituyendo la vieja empresa por una nueva o trasladarse la maquinaria vieja como tal, a una nueva empresa. Quien use los incentivos para otros propósitos también es delito. Nadie que se estime serio va a querer verse involucrado en procesos judiciales, especialmente si se trata de inversiones serias, de larga trayectoria nacional y no digamos si es internacional. No cabe duda que la cultura de desconfianza que prevalece en nuestro país es lo que no nos deja   ver lo positivo que estos incentivos. Gracias a este tipo de leyes es que  la economía no es dependiente solo del café, el banano y el azúcar como hace 25 años. Estos instrumentos son los que han hecho llegar al país las maquilas y es también la nueva ley la que las va a retener en Guatemala y evitar que se las lleven los países vecinos y dejar a cientos de miles de guatemaltecos sin su trabajo. No estamos para darnos el lujo de perder un solo empleo. Los políticos son los principales testigos de la presión que tienen en todos los departamentos de la república, de gente pidiéndoles trabajo.

Sexta: Sin la ley, las empresas si se van. Como ejemplo para quienes viajan por la carretera a Chimaltenango, al pasar por El Tejar pueden ver instalaciones de lo que antes eran fábricas de hasta 5000 trabajadores, hoy convertidas en iglesias evangélicas. Recordemos que estas fábricas estaban llenas de miles y miles de mujeres, muchas de ellas madres solteras. Sería interesante ver que piensan los acaldes de Villa Nueva, Mixco, Palin, Chimaltenango, San José Pínula, si les dicen que van a tener 100000 personas en la calle buscando trabajo.

Séptima: NO son privilegios, son instrumentos de fomento que lo usan prácticamente todos los países incluyendo los desarrollados. En la región de Centroamérica y el Caribe, solo Guatemala no ha aprobado su ley.De 156 países miembros de la OMC, 130 tienen este tipo de leyes sin que nadie los acuse de dar privilegios para incentivar sus producciones. Ese comentario es desconocimiento de cómo opera el mundo en estos temas.

Señores Diputados, ¿qué esperan para aprobar esta ley? Antes de que se convierta en  un camello, que no va a servir para nada, porque nadie se va a poder meter a ella.