¿Quién pagará por las compañías que se han ido por la falta de regulación de zonas francas? Todavía hay tiempo de retener a las que quedan.

Efectivamente, 110 empresas de inversión nacional y extranjera han sido enterradas del 2016 para acá. Oficialmente tienen partida de defunción 62 que han concluido el proceso legal de cierre que dura casi un año para hacerlo en forma ordenada ante la SAT, el Mineco y el Ministerio de Trabajo.

Treinta adicionales están concluyendo ese trámite y 18 más van a iniciarlo. En total hasta hoy, 110 compañías que dejan rastro de desempleados, con la decepción de un país que les falló, que les ofreció unas reglas y el Congreso impulsado por un centro de investigación, las cambió y decretó que ya no pueden seguir trabajando. Este mismo diario la semana pasada publicó la lista completa con los nombres de estas empresas y las actividades a las que se dedicaban. Desde centros de distribución logísticos (que por cierto han dicho que uno de los ejes estratégicos de crecimiento del país), productos farmacéuticos, ensamble de motos, cosméticos, plásticos, etc.

Los resultados ahí están, con quién sabe qué motivaciones pensaron que esas inversiones y esos empleos se quedarían en Guatemala. Según ellos solo se instalaron en zonas francas para aprovecharse de condiciones que solo Guatemala les da. Que equivocados estaban pues lo que hicieron fue irse y trasladarse a países vecinos con condiciones mucho mejores.

Cuando uno escucha los discursos diciendo que hay que fomentar el empleo, a esas mismas personas se les informó hasta el cansancio las consecuencias de sus decisiones. A lo largo de los últimos dos años se les ha rogado que corrijan el error cometido, sin ningún resultado hasta la fecha. Ahora piden dictamen de la OMC cuando ese organismo promocionaba las zonas francas en una publicación del 8 de marzo.

Lograr que una empresa extranjera se instale en Guatemala, significa ir a traerla afuera, mostrarle la ciudad, los lugares turísticos, las condiciones para sus ejecutivos, la educación de sus hijos, que el sistema financiero es estable y que los empresarios son calidad mundial.

Se instalan y la incertidumbre jurídica las expulsa del país. De verdad, esto no tiene sentido.

Las zonas francas desarrollaron mucha actividad económica colateral como alimentación abastecida por pymes, transporte, proveeduría de servicios, reparaciones e ingresos fiscales adicionales para la SAT. Solo en el año 2015 (año anterior a la legislación) la SAT percibió Q989.95 millones y dice en su dictamen al Congreso haber invertido Q319.50 millones, pues la simple matemática dice que es una ganancia de 3.5 a uno. También la SAT ha hecho una estimación con una imaginación sin ninguna base y ninguna técnica, de que “todas las empresas que dejaron el 29-89 se van a pasar ahí” sin ni siquiera leer que la ley actual dejó 10 prohibiciones expresas para que eso no ocurra.

La pregunta es: ¿quién paga por un crimen como este? ¿Por qué nadie se escandaliza? Todavía están a tiempo de retener a las 174 que quedan.

El Congreso tiene la decisión.