AGEXPORT advierte que la falta de una legislación alineada a estándares internacionales podría agravar el entorno competitivo del país, encarecer operaciones comerciales y afectar el acceso al sistema financiero global.
Guatemala enfrenta una coyuntura crítica para su competitividad exportadora. En un contexto marcado por altos costos logísticos, rezagos en infraestructura, burocracia y presión sobre mercados internacionales, la no aprobación de una ley antilavado alineada a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/GAFILAT) podría generar consecuencias económicas y comerciales severas para el país.
El sector exportador alertó que la falta de este marco regulatorio incrementaría la percepción de riesgo país, afectando directamente la inversión extranjera, el acceso al financiamiento y la operatividad del comercio exterior.
Francisco Ralda, presidente de AGEXPORT, advirtió que esta decisión podría convertirse en un golpe determinante para la competitividad nacional.
“El país ya enfrenta barreras estructurales como costos logísticos superiores al promedio regional, problemas portuarios, exceso de trámites y falta de incentivos a la inversión. No aprobar esta ley sería profundizar aún más esas limitaciones”, señaló.
Actualmente, Guatemala ya enfrenta señales de desaceleración en sectores exportadores no tradicionales. Mientras en 2021 las exportaciones de vegetales crecían 10.9%, a marzo de 2026 registran una caída de 17.5%. En frutas, el crecimiento pasó de 23% en 2021 a una contracción de 2.5% este año. Acuicultura y pesca también reflejan retrocesos, con una caída de 15% en 2026. A esto se suman más de US$1,530 millones en exportaciones que actualmente pagan un arancel del 10% para ingresar a Estados Unidos.
Bajo este panorama, expertos advierten que no contar con una legislación alineada a estándares internacionales podría encarecer significativamente las operaciones financieras y comerciales del país. Entre los impactos estimados se encuentra un aumento de entre 100 y 400 puntos base en el costo del financiamiento externo, una posible caída de hasta 15% en inversión extranjera directa y mayores riesgos para mantener corresponsalías bancarias internacionales, fundamentales para operaciones como transferencias, cartas de crédito y financiamiento comercial.
Esto podría traducirse en incrementos de entre 25% y 50% en servicios de trade finance, además de retrasos de entre 3 y 10 días en transferencias internacionales, afectando directamente los flujos de pago para exportadores y elevando costos operativos en un entorno ya presionado.
Además del impacto financiero, Guatemala podría perder competitividad frente a otros países de la región que sí cuentan con marcos regulatorios actualizados, reduciendo su capacidad para integrarse a cadenas globales de suministro y atraer nuevos negocios.
“El cumplimiento de estándares internacionales no es únicamente un tema regulatorio; es una decisión estratégica para proteger empleo, exportaciones, inversión y estabilidad económica”, enfatizó Ralda.
La preocupación cobra mayor relevancia considerando que Guatemala será evaluada nuevamente en 2027 bajo una metodología internacional más exigente, que no solo analiza la existencia de leyes, sino la efectividad real de los sistemas de prevención y supervisión.
En un entorno internacional cada vez más riguroso, la inacción podría resultar más costosa que avanzar en una legislación técnicamente sólida que preserve la confianza internacional y la competitividad del país.
Se espera que el próximo 2 de junio se apruebe la ley, en cumplimiento de los estrictos estándares de GAFI, para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris.
