Los problemas de competitividad suelen asociarse con empresas, exportaciones o comercio internacional. Sin embargo, sus efectos trascienden el ámbito empresarial y terminan impactando la vida cotidiana de la población. Un puerto congestionado, una carretera deteriorada, una tarifa eléctrica elevada o un trámite que demora meses pueden traducirse en productos más caros, menos inversión y menores oportunidades de empleo.
Cuando un contenedor permanece varios días detenido en un puerto, el problema no termina en el muelle. Si transporta medicamentos, materias primas o alimentos perecederos, cada hora de espera incrementa los costos de almacenamiento y transporte, retrasa la producción y aumenta el riesgo de pérdidas. Al final, una parte de esos costos termina reflejándose en el precio que pagan los consumidores.
Algo similar ocurre con la infraestructura. Un camión que debe recorrer carreteras en mal estado consume más combustible, requiere mayor mantenimiento y tarda más tiempo en entregar la mercancía. Para una empresa significa un aumento en sus costos logísticos; para la población representa productos más caros, menor eficiencia en el abastecimiento y dificultades para que nuevas inversiones lleguen a las regiones del país.
La energía es otro ejemplo de cómo un desafío económico termina convirtiéndose en un asunto social. Cuando producir alimentos, textiles o medicamentos resulta más costoso por el precio de la electricidad, las empresas pierden competitividad frente a otros países. Algunas reducen inversiones, otras limitan contrataciones y, en algunos casos, los incrementos terminan trasladándose al consumidor final.
La burocracia completa este círculo. Un proyecto que tarda meses en obtener permisos ambientales, licencias de construcción o autorizaciones sanitarias retrasa la apertura de nuevas plantas, comercios o centros de distribución. Esto significa empleos que no se generan, oportunidades de negocio que se postergan y comunidades que deben esperar más tiempo para beneficiarse de nuevas inversiones.
Por eso, cuando se habla de competitividad no se trata únicamente de mejorar las condiciones para exportar. También se habla de crear un entorno donde producir sea más eficiente, atraer nuevas inversiones, generar empleo formal y evitar que las ineficiencias del sistema terminen trasladándose al bolsillo de las familias guatemaltecas.
“Las cuatro barreras (puertos, infraestructura, costos de energía y simplificación de trámites) tienen un elemento en común: ninguna afecta únicamente a las empresas. Sus consecuencias se extienden a toda la economía y terminan influyendo en la calidad de vida de millones de personas”, señaló Claudia de Del Águila, Directora de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT.
