La nueva normativa fortalece la confianza internacional, protege el acceso al sistema financiero global y contribuye a la atracción de inversión y comercio para el país.
- La nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo fortalece el marco sancionatorio del país al establecer que el delito de lavado de dinero puede ser perseguido de forma autónoma, sin necesidad de que exista una sentencia previa por el delito que originó los recursos ilícitos. La normativa sanciona con penas de prisión inconmutables de seis a 20 años y multas equivalentes al beneficio económico obtenido a quienes oculten, transfieran, administren o utilicen bienes provenientes de actividades ilícitas. Además, incorpora disposiciones para el decomiso de bienes vinculados a estos delitos y regula la extradición activa y pasiva para los casos contemplados en la ley.
- En materia de terrorismo, se establecen penas de prisión de 10 a 30 años, acompañadas de multas que oscilan entre US$25 mil y US$800 mil cuando se empleen explosivos, materiales nucleares, armas químicas, agentes biológicos u otros medios de alta peligrosidad, alineando así la legislación guatemalteca con los estándares internacionales de combate a la criminalidad financiera y al financiamiento del terrorismo.
El sector exportador guatemalteco reconoció la aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, una normativa que fortalece el marco legal del país, moderniza los mecanismos de prevención de delitos financieros y contribuye a mantener la confianza de los mercados internacionales en Guatemala.
La aprobación de esta legislación por parte del Congreso de la República representa un paso estratégico para fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la certeza jurídica, factores cada vez más determinantes para la atracción de inversión, la generación de empleo y el crecimiento de las exportaciones.
De acuerdo con lo aprobado por el Pleno, la nueva ley unifica y actualiza la normativa vigente, deroga los Decretos 67-2001 y 58-2005, incorpora un enfoque basado en riesgos más robusto, amplía el catálogo de sujetos obligados y alinea la legislación nacional con los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para AGEXPORT, este avance legislativo contribuye a fortalecer la posición de Guatemala ante la comunidad internacional y cobra especial relevancia de cara a la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en febrero de 2027.
“Para el sector exportador, contar con un sistema financiero sólido, transparente y alineado con los estándares internacionales es fundamental para facilitar el comercio, atraer inversión y preservar la competitividad de nuestras empresas en los mercados globales”, expresó Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT.
La organización destacó que la permanencia de Guatemala dentro de los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es un elemento clave para evitar riesgos que puedan afectar las relaciones bancarias internacionales, incrementar los costos financieros o generar barreras adicionales para las operaciones comerciales.
Asimismo, resaltó que la nueva normativa fortalece la capacidad del país para prevenir actividades ilícitas y consolida un marco jurídico moderno que brinda mayor certidumbre a inversionistas, entidades financieras y socios comerciales internacionales.
Uno de los aspectos más relevantes de la legislación es que responde a las recomendaciones técnicas internacionales y atiende la necesidad de que Guatemala cuente con un marco normativo actualizado para afrontar la evaluación de GAFILAT programada para el próximo año. Un resultado favorable permitirá al país mantener la confianza de los organismos financieros internacionales y garantizar su conexión con los principales sistemas financieros del mundo.
“Las exportaciones dependen de un entorno confiable para realizar transacciones internacionales, acceder a financiamiento y mantener relaciones comerciales con compradores y socios en distintos mercados. Por ello, decisiones como esta fortalecen la imagen del país y generan condiciones más favorables para el desarrollo económico”, agregó de Del Águila.
AGEXPORT también reconoció el trabajo técnico realizado durante el proceso de discusión y análisis de la iniciativa, así como el consenso alcanzado por las distintas bancadas para aprobar una normativa que contribuye al fortalecimiento institucional y a la protección del sistema financiero nacional.
La entidad reiteró que la competitividad de Guatemala no depende únicamente de la productividad empresarial, sino también de la existencia de reglas claras, instituciones sólidas y un entorno que genere confianza para hacer negocios. En ese sentido, la aprobación de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo constituye una señal positiva para el país y para los sectores productivos que generan empleo, inversión y desarrollo.
