Se puede hacer el ejercicio de sumar las exoneraciones arancelarias y de impuestos a las utilidades que las maquiladoras han obtenido desde 1989, cuando se creó la ley que las regula, y compararlas con los salarios que han pagado, llegando hoy en día a contratar 226,000 personas y exportar USD3.5 billones anuales, siendo evidente que lo que pierde el país en impuestos se le compensa con creces en salarios mensuales que se transforman inmediatamente en consumo afecto al IVA y divisas que son superadas únicamente por las remesas.
Es tiempo de actualizar la legislación por medio de la Ley para el Fomento de la Inversión y Empleo. En el mundo globalizado de hoy no se puede satanizar hacer “benchmarking” de una ley que busca atraer emprendimientos. Los incentivos fiscales son cruciales para tomar la decisión sobre el destino de una inversión, si se hará ésta en Nicaragua o en El Salvador, para mencionar países cercanos con legislación agresiva en la materia.
La industria de turismo, que en Guatemala goza de una inversión inicial incuantificable hecha por la Naturaleza y su Patrimonio Cultural, requiere de “nuevas” inversiones en complejos hoteleros y flotas de transporte que serán atractivas al gozar de exoneraciones de plazos en proporción a los retornos. Esto está previsto en las leyes que se discuten.
En un país en el que hay que luchar contra problemas tan serios como la inseguridad y la informalidad, legislar para atraer inversión, no debería ser objeto de prolongados debates. Es urgente.