AGEXPORT como miembro de CACIF informa: Con relación a la grave crisis generada por los bloqueos, los paros en el transporte y las coacciones para impedir la libre locomoción y la seguridad de transportistas y mercadería, a la Opinión Pública, manifiesta:
- Esta crisis, cuya duración tiene ya más de una semana y media, está teniendo graves repercusiones en el comercio nacional e internacional y en las finanzas públicas. No es admisible que esta situación no se atienda con la urgencia y diligencia debida por parte de todos los actores públicos y privados involucrados.
- Esta situación, provocada por grupos que utilizan acciones ilegales para avanzar sus agendas o objetivos tienen que ser abordada con carácter urgente y utilizando todos los recursos legales y constitucionales de lo que dispone el Estado. La marcha de la economía y el funcionamiento adecuado de nuestro comercio no es un asunto de carácter laboral o municipal; es un asunto que atañe al Estado como tal y en función de ello deben adoptarse las medidas necesarias, desde el más alto nivel del organismo ejecutivo.
- Recordamos que se encuentra vigente el apercibimiento de la Corte de Constitucionalidad emitido con ocasión de una acción de amparo presentada por el CACIF, y recordamos las responsabilidades administrativas, civiles y penales que tienen las autoridades de acatar las disposiciones del máximo tribunal constitucional.
- En función de ello exigimos al Presidente de la República su compromiso personal en este tema, mismo que debe hacerse manifiesto a través de la siguientes medidas:
- Informar al país cuáles son los operativos que se están tomando para resguardar los derechos de locomoción y de industria y comercio.
- Instruir se efectúen las acciones de capturas y procesamiento penal de las personas que están causando hechos reñidos con la ley, sean éstos agresiones físicas o patrimoniales o amenazas en contra de personas o instituciones.
- Se evalúe la pertinencia de un estado de prevención, que permita reestablecer la autoridad en las distintas zonas del país y se pueda proceder en contra de quienes infringen la ley.
- Se estudien las acciones legales que deben tomarse para asegurar la obligación constitucional que se tiene de asegurar las operaciones del transporte y los puertos en el país, dado su carácter de importancia económica para el desarrollo del país.
- A partir de mañana y con la información que nos han proporcionado nuestros agremiados y personas que han sido afectadas por estos grupos, iniciaremos la presentación de denuncias de carácter penal en contra de aquellas personas que son responsables de agresiones, amenazas, lesiones, delitos contra la economía y otras figuras que contempla nuestra legislación penal.
